Por Rodrigo Trejo Avendaño, estudiante de
Practicum 1|
El jefe de gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, prepara una propuesta para elevar el salario mínimo para
la entidad de la que es responsable. Legisladores del PRD han expresado su
apoyo, pero representantes del PAN, de modo contrario, han criticado la
propuesta y afirman que se trata de una herramienta política sin sustento que
dista de ser viable.
Uno de los principales argumentos en
contra de la propuesta de Mancera para incrementar el salario mínimo es que una
decisión así no puede hacerse por gobiernos locales, que ese asunto le
concierne al gobierno federal. Más allá de los límites legislativos y la
jurisdicción, aquí te detallamos, de forma somera, lo que representa una acto
así para la economía nacional.
Lo primero que debe considerarse es que
de obtener más dinero, los trabajadores tendrían una mayor capacidad de compra,
lo que se traduce en un desarrollo de los mercados locales. Esto, a su vez,
resulta en nuevas oportunidades labores para satisfacer las demandas del
mercado.
También debe notarse que de haber más
personas ganando un salario digno, menor será el gasto por parte del estado
para solucionar problemas sociales relacionados con la pobreza. Por último, no
se debe dejar de lado que un incremento en el salario mínimo le daría a la
población más herramientas para enfrentarse a la inflación.
Una realidad que no se debe olvidar es
que muchas compañías, al tener que pagar más a sus empleados, tendrán que
reducir sus plantillas laborales para mantenerse dentro del presupuesto. Además
del desempleo, la compañías también podrían recurrir al incremento de sus
precios, lo que llevaría a un freno en el desarrollo del mercado.
Para muchos analistas, subir los salarios
mínimos no es una solución viable para erradicar la pobreza y, en cambio,
consideran que ofrecer más trabajos, aunque la paga sea baja, es más efectivo
que ofrecer un menor número de puestos mejor pagados. El problema a considerar,
en el caso de México, es que el salario mínimo actual es insuficiente para
garantizar la vida digna de los trabajadores.
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