La TV de paga en un par de manos

3 de mayo, 2016

Por: Juan Carlos  Espinosa Padilla

        Julio César Cruz Montoya

        Sebastián Preciado Rotgé

No hemos avanzado

La tesis de este proyecto se fundamenta en demostrar la existencia de falta de competencia en el sector de la televisión de paga, en donde Grupo Televisa es la empresa que controla la mayor parte del sector restringido de la televisión, adjudicándose más del 60% del mercado nacional.

Este reportaje entra en aspectos jurídicos, en donde analizamos la ley de telecomunicaciones, la cual fue promulgada el 11 de julio del 2013, en donde existen lagunas, que permiten en la televisión de paga a empresas seguir adquiriendo cableras, que a pesar de contar con una alta participación en el mercado de servicios de televisión restringida, no serán catalogados como preponderantes.

Hay que tomar en cuenta que no es la televisión el servicio más relevante sino que la televisión viene atada a la banda ancha, lo que va a poder hacer o lo que ya está haciendo Televisa de forma muy competitiva, muy inteligente es integrar los servicios triple play y está creciendo tanto en televisión pero también en banda ancha. La adquisición de estos paquetes si reducen las tarifas a los usuarios, pero curiosamente en su mayoría las empresas que ofrecen este paquete pertenecen a Grupo Televisa(60% del mercado).

De manera que en este reportaje brindaremos datos duros, comentarios de expertos en temas de telecomunicaciones y comparativos para explicar la falta de competencia que existe en el sector de televisión de paga y como la ley en telecomunicaciones ha fallado en este punto.  

El 8 de julio del 2014, con 318 votos a favor y 107 en contra, quedó aprobada en lo general y particular la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Cámara de Diputados (previamente había sido admitida en la cámara alta). Con ella, se buscó llevar a buen puerto la reforma constitucional tramitada por el legislativo un año antes. Se prometió un mercado más abierto y libre; se presumió de una normativa que iba a poner fin a los monopolios.

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, palpó su rúbrica en el documento que había pasado el filtro legislativo, en una ceremonia en Palacio Nacional. En su alocución, el Presidente señaló, entre otras cosas: “Esta reforma (sic), impulsará la prosperidad del país, porque brindará mayor competitividad a negocios y empresas (…) también incrementa la prosperidad porque fomenta la competencia, la productividad y la innovación ”.

A casi dos años de su promulgación, la ley ha dado resultados que ponen en predicamento la tesis central en su defensa: la competencia en el sector y el beneficio de los usuarios. Se tocaron puntos nodales de gran importancia para la vida del país en términos de apertura en el mercado y beneficios al consumidor, como: la eliminación del cobro a larga distancia, nuevos concesionarios para cadenas de televisión abierta, la transición a la Televisión Digital Terrestre el pasado 31 de diciembre del 2015, así como la apertura del 60% de participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones así como 40% en radiodifusión.

Poniendo a un lado esa concesión a la nueva modalidad legal aprobada a mediados del 2014, sus críticos siguieron en franco ascenso desde su discusión en el recinto legislativo así como en la academia. Argumentaban –y sigue siendo así- que ciertos pasajes de la ley permitirían una competencia falsa o mal concebida en las telecomunicaciones, una suerte de “barreras competitivas”. De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica en su artículo 3 fracción lV, éstas significan:

“Cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia (…)”.

Los defensores de la nueva regulación acusaron a los detractores de tener una agenda ideológica, y no técnica, de las letras contenidas en la legislación, ¿la crítica se sustentó en dogmas? ¿Dónde nació el diferendo que alentó a más de cien diputados y 40 senadores a negar el voto favorable en su respectivo pleno?

La oposición a la Ley de Telecomunicaciones: la palabra mágica

Pongamos una lupa a lo anterior, ¿qué era lo que le quitó el sueño a los legisladores y asociaciones de la sociedad civil como la AMEDI (Mexicana del Derecho a la Información) que se opusieron a una normativa tan aplaudida por varios sectores de la opinión pública? Al parecer, y esto de acuerdo al monolítico discurso expuesto en la Gaceta Parlamentaria de la cámara baja, fechada el 8 de julio del 2014, la regulación a los actores dominantes en el mercado no iba a la dirección que todo el mundo creía.

En entrevista, Mateo Lejarza, Vicepresidente y Fundador del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y de Convergencia Digital A.C., definió a la nueva regulación contenida en la ley, de la siguiente manera: “sólo estás redistribuyendo el mercado entre los actores que ya existían, eso no es competitivo”. ¿Cómo terminó regulándose el mercado entonces? De acuerdo con el artículo 262 de la legislación, se contempla una figura novedosa en términos de monopolios, el “agente económico preponderante”. Ésta no existe en ninguna parte del mundo, de ahí lo novedoso. Se definió de la siguiente manera:

“(…)se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto” (entiéndase por el Instituto, como el Federal de Telecomunicaciones, regulador del sector y creado desde la reforma constitucional).

A simple vista, la especificación de qué se entiende como un monopolio en la ley no parecería entorpecer a sus antagonistas. De acuerdo con el ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y opositor público de la llamada “Ley Telecom”, Mony de Swaan, el problema no es tanto la existencia del término, mucho menos el porcentaje del 50%. “Yo me siento cómodo con el cincuenta más uno”, comenta en entrevista.

Sin embargo, el también ex coordinador de asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vaticinó que el problema con la regulación que marca la ley es una palabra mágica: “sector”; y es que fue precisamente ese vocablo el que rompió el consenso general que tuvo la reforma constitucional. Para entender a mayor detalle esta discusión técnica, compartimos textualmente, el uso del criterio de “sector” dentro de la Ley Telecom, se trata de su artículo 262:

“El Instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia (…)”

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República y redactor del dictamen discutido en ambas cámaras, Javier Lozano, defendió el término “sector”. En entrevista concedida al periodista Óscar Mario Beteta en Grupo Radio Fórmula con fecha del 30 de junio del 2014, el ex secretario de Trabajo señaló que “no se trata de una postura personal, sino de mantener el apego a la reforma (constitucional)”. El legislador panista hacía referencia al artículo octavo transitorio de la misma que establece:

"El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones (…)”.

Sin embargo, continúa:

“Se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones (…)”. ¿A cuál hacerle caso?

La Dra. Eréndira Salgado Ledesma, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y autora del libro “Nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones y radiodifusión” comentó al respecto: “para aprobar una reforma en la Constitución se necesitan dos tercios de las cámaras, pero en los transitorios no se necesitan a otros partidos, sólo el mayoritario; en este caso se trató del PRI. La reforma constitucional es muy buena, pero la reforma se complementó en los transitorios, que serían las letras pequeñas”.

El costo de la terminología

¿Por qué levantó tantas pasiones la batalla entre servicios y sectores? En primer lugar, por una cuestión de lógica. “Tú como consumidor y usuario estás pagando por un servicio y no por un sector”, asegura Mony de Swaan. La obviedad parece dejada a un lado en términos legales. Los detractores de la Ley Telecom han insistido en que, gracias a este uso de palabras, el mercado se concentró en un nuevo monopolio que, precisamente por el uso inapropiado de palabras, no puede ser declarado como agente económico preponderante. Simplemente no se puede, así lo marca la ley.

Pero la pregunta persiste, ¿en qué afectaba en primer lugar? Para ello se debe de comprender que la legislación es de telecomunicaciones y radiodifusión, dos cuestiones totalmente disparejas. “Hay una gran diferencia entre las telecomunicaciones y radiodifusiones. Se regulan por la misma ley, pero una tiene que ver con las ondas y medios electrónicos de datos, todo lo que tiene que ver con cableras y empresas telefónicas”, nos señala Eréndira Salgado. Lo hace todavía más sencillo: “televisión y radio se trata de radiodifusión mientras que Internet y datos celulares son telecomunicaciones, lo que incluye también al cable y a la televisión satelital”.

Lo anterior deja un panorama más claro dado a que dejaba en obviedad, bajo la lupa del escrutinio público, a dos actores dentro de las telecomunicaciones y la radiodifusión respectivamente: América Móvil y Grupo Televisa. En el primer caso, un gigante de las telecomunicaciones bajo la tutela de uno de los hombres más acaudalados del mundo: Carlos Slim. Por el otro, el grupo que tiene en sus filas a la empresa de comunicación más importante de habla hispana en el mundo, Televisa. Señalar sus nombres no era tema de pecado capital al obviarse su poder en sus mercados.

¿Pero la regulación fue equitativa con ambos casos? Los números lo niegan y en parte, al menos así aseguran los entrevistados, se debió a los criterios de preponderancia contenidos en el 262. “La cosa es bastante sencilla” comentó una vez más el último comisionado presidente de la COFETEL, Mony de Swaan. “Con TELMEX y Telcel no importa el término servicio o sector, en cualquiera sale señalado como preponderante por tener el 50 más uno en cualquiera de los tres criterios. Por eso vimos en su momento, que empezó (TELMEX) a vender sus activos fijos. El detalle es que, con Televisa, la cosa es distinta ya que es dominante en la radiodifusión por su presencia en la televisión abierta. Lo mismo pensarías en telecomunicaciones al tener, en el momento de la legislación, casi 60% de los servicios de televisión de paga. Pero como eso ya se trata de telecomunicaciones, divides el pastel por sector y te olvidas de que ellos también sean monopólicos en ese segmento. Con esa división entre un servicio y otro, aunque siga siendo televisión, queda descartado que se perjudiquen en ambos casos”.

De Swaan comparte una interpretación acertada en términos de datos duros. De acuerdo al primer informe trimestral del Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre del 2014, Grupo Televisa contaba con el 59.6% del mercado de la televisión de paga (satélite y cableras). En términos de la legislación, de no ser por el criterio de sector, se hablaría de que Televisa, a través de sus plataformas de servicio de televisión restringida, como SKY o Cablevisión, es sin duda un agente económico preponderante. Esa declaración la haría atarse a una serie de medidas rígidas por parte del IFT para nivelar la balanza.

En telecomunicaciones, se cuenta con 19 medidas en contra de quien resulte ser un agente económico preponderante, entre ellas destaca: la obligación de compartir infraestructura a jugadores más pequeños en el mercado, someter al Instituto sus tarifas para ser aprobadas, además de sus paquetes comerciales, promociones y descuentos, y desagregar el precio de cada servicio. Medidas impuestas desde el pasado 2014 a América Móvil de Grupo Carso al ser declarado preponderante, como también sucedió con Grupo Televisa, sólo en radiodifusión.

Cláusula Cablecom

Parte de los daños colaterales después de la entrada en vigor de la nueva disposición en la materia, se encuentra un artículo transitorio que, por su implicación inmediata, fue llamado la “cláusula Cablecom” por sus críticos. Se trata del noveno transitorio que establece lo siguiente:

“En tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de concesión y los cambios de control que deriven de éstas que reúnan los siguientes requisitos: (…) Tengan como resultado que el agente económico cuente con un porcentaje de participación sectorial menor al veinte por ciento (…) Que en dicha concentración no participe el agente económico preponderante”.

Jorge Bravo, director editorial de Grupo Mediatelecom traduce los beneficios que brindó el artículo a Televisa dentro de la televisión de paga: “¿En qué consiste? En que cualquier operador de telecomunicaciones, cualquier empresa, podrá adquirir a otras sin autorización del regulador, en este caso el IFT, en tanto exista un agente económico preponderante de telecomunicación. Es muy sencillo, ¿cómo se traduce? Mientras América Móvil sea preponderante, cualquiera puede comprar empresas sin que el IFT tenga que autorizar. ¿Qué es lo que pasó? Televisa compró Cablecom, Telecable y el resto de las acciones de TVI porque se lo permite el nueve transitorio y entonces puede seguir comprando todavía más, porque ese artículo lo favorece al cien por ciento”.

Por otro lado, el director general de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), Jorge Fernando Negrete, fue más directo al tratar con el tema de la ‘cláusula Cablecom’: “Sin duda se están generando efectos muy curiosos, porque en materia de televisión abierta sí habrá competencia, pero en televisión restringida, entendida en su formato histórico como cable y satélite, la verdad de las cosas es que la ley lo único que permitió fue una consolidación espectacular de un solo actor”.

La compra definitiva del 100% de Cablecom ($8,550 millones de pesos) por parte de Grupo Televisa fue notificada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 14 de agosto del 2014, a escasas semanas de la promulgación de la Ley Telecom. La adquisición, como lo señala la cláusula, no fue notificada al Instituto. Para algunos, se trató simplemente de una profecía auto cumplida; un reflejo de un mal uso de términos.

De acuerdo con Mateo Lejarza, quien también formó parte de la Comisión Sindical encargada de la negociación para la privatización de Teléfonos de México en 1991, el articulado transitorio se debió a una vieja práctica de mercado del Estado mexicano: “la intención era, como no hay mayor consumo, lo único que hay que hacer es quitarle al que tiene más para dárselo a otro (Televisa). ¿Quién tenía más? Pues, América Móvil. El problema es que tampoco les das condiciones de mejora de infraestructura o contenidos, sólo quitas cierto porcentaje a un actor y se lo das a otro diciéndole “ahí tienes”...”. 

 

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                                             Fuente: El Economista (no incluye compra del 100% de TVI).

El rey de la televisión de paga

Antes de la compra de Cablecom, Televisa ya tenía una fuerte presencia en los recibos mensuales de los subscriptores del servicio de telecomunicaciones fijas vía televisión. El grupo contaba en su haber con: Sky (satelital), Cablemás, Televisión Internacional (en ese entonces sólo como accionista minoritario) y Cablevisión. Para finales del 2014, el consorcio estaba a sólo cuatro centésimas porcentuales del 60 por ciento del mercado. Antes de adquirir en enero del 2015 a Telecable, en términos de suscripciones, acaparaban el 61.9% del total de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

¿Qué sucedió con el mercado a dos años? De acuerdo a datos del IFT proporcionados en su cuarto reporte trimestral de febrero del 2016, ocho de cada diez mexicanos cuenta con servicio de televisión de paga. Dentro de ese margen, 52 de los connacionales encuestados dijo tener servicio vía satelital y 46 por cable. Del total de ingresos en el segmento, el operador preponderante continuó con una elevada participación de mercado de alrededor de 70% y con el 80% de los ingresos, de acuerdo al reporte “2 Años de Preponderancia en Números” de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

¿Qué quiere decir esto? Que, en su totalidad, Televisa cuenta con 70% de la televisión de paga en México y del total de ingresos se queda con ocho de cada diez pesos (en 2014, sólo las cableras le generaron $4,483.1 millones de pesos); cantidades estratosféricas considerando que, bajo la interpretación legal, se trata de un pez pequeño que no amerita ser regulado.

El Mtro. Ernesto Piedras, autor del reporte de CIU, declaró en entrevista que: “(…) a pesar de su presencia en porcentaje, no hay efectos de poder sustancial de mercado. Los abogados y las autoridades de competencia también hablan del “mercado relevante”, que es la entrega de contenidos audiovisuales”. Terminologías más, terminologías menos, no hay elementos para detener la concentración en los actores del sector.

Desde el verano del 2014, adicionalmente, resaltan tres nuevas adquisiciones en la oferta de cable de Grupo Televisa: Cablevisión (agosto, 2014), Telecable (enero, 2015) y Televisión Internacional (febrero, 2016). Fusiones no avaladas –y con toda legalidad- por la autoridad en la materia. Aunque el IFT informa que la concentración de mercado muestra una tendencia a la baja asociada al incremento en el número de suscripciones, éstas se han concentrado en las empresas del consorcio de Emilio Azcárraga Jean. Las últimas cifras oficiales que muestra el Instituto, reflejan un acaparamiento del 60.9% de los suscriptores a nivel nacional. El aprovechamiento del grupo a través de su nueva plataforma (noviembre del 2014) Izzi Telecom que ofrece servicio de televisión de paga más telefonía fija e Internet, lo llevó al grado de tener presencia sustancial en el mercado de las zonas centro, norte y occidente del país.

Distribución de las suscripciones de TV restringida por operador.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores en septiembre del 2015.

¿Qué sucedió con las empresas de Carlos Slim?

Tomando en cuenta la importancia de dar una fotografía de una realidad estadística, compartimos la siguiente gráfica del IFT tomada con datos de septiembre del 2015 sobre índice de precios y concentración de mercado en telefonía fija (IHH).

Mientras las ganancias de Grupo Televisa fueron al alza, el otrora hombre más rico del mundo ha ido relegándose en su tendencia de ganancias. De hecho, tan sólo en el 2015, perdió alrededor de 20 mil millones de dólares, cifra que equivale al tamaño de la economía de Honduras de acuerdo a cifras proporcionadas por Bloomberg.

Jorge Negrete, presidente Ejecutivo de Grupo Mediatelecom y Director para América Latina de Mediatelecom Policy & Law declaró que “la ley fue cabildeada, mitad de verdad porque sí se abrió el mercado de telecomunicaciones, un ejemplo son los tres más grandes players de telecomunicaciones como AT&T, Telefónica y América Móvil, tenemos a tres monstruos globales que lucha por el mercado local, entonces México es parte de una comunidad global y eso esta bien”. Sin embargo, “no deja de llamar la atención lo benéfica que fue para uno de los dos grupos a regular”.

Por consecuente, el monstruo América Móvil se vio afectado por esta ley, la cual lo obliga a una reducción de dominio, aunado a que tiene la obligación de dar acceso a sus competidores en dicho rubro.

Por una legislación verdadera

A todas luces, es un hecho que Grupo Televisa es un agente económico con poder sustancial en el segmento de televisión restringida en México, pero las lagunas jurídicas que existen en la Ley de Telecomunicaciones  permiten que esta empresa, a pesar de contar con una alta participación en el mercado de servicios de televisión restringida, no sea catalogada como preponderante y pueda seguir adquiriendo cableras.

El pasado miércoles 16 de marzo del 2016, el IFT durante su pleno, dictaminó que Televisa pese a la alta participación como agente económico en este mercado no cuenta con un poder sustancial de mercado bajo el argumento de que las tarifas no suben indiscriminadamente.

Aunado a lo anterior y como se puede apreciar en las gráficas, las empresas que ofrecen servicios de televisión restringida y que pertenecen a Televisa han tenido un crecimiento importante, pero el Instituto justamente menciona que sus competidores de igual manera han crecido, por lo tanto está existiendo una competencia.

Si bien es cierto que los competidores han acaparado nuevos suscriptores y las tarifas han disminuido, el mantener más del 60% del mercado en televisión restringida debería de ser un indicio suficiente para determinar la existencia de Televisa como un agente preponderante.

Por lo anterior, este trabajo periodístico sostiene la urgencia de que se reforme la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de que el artículo 262 de la misma establezca la preponderancia a partir de servicios y no sectores. Con lo anterior, se espera que el Instituto Federal en la materia, cuente con elementos jurídicos suficientes para declarar preponderante a Grupo Televisa en telecomunicaciones, como ya sucede en la radiodifusión.